Desde hace cuatro años las interacciones con los inversores cambiaron, donde aumentó el peso de la concientización ambiental y social. Los inversores ya no preguntan solamente por el déficit fiscal, el empleo y la balanza de pagos de Uruguay para comprar sus instrumentos de deuda, sino que ahora también se habla sobre las políticas climáticas del país.

De este modo, en 2022, Uruguay se propuso emitir su primer Bono Verde, es decir títulos de deuda que su tasa de interés tiene como aspectos vinculantes indicadores ambientales, y que luego amplió en noviembre de 2023.

Con el Bono Indexado a Indicadores de Cambio Climático (BIIC), Uruguay asumió el compromiso de reducir la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero por unidades de Producto Interno Bruto (PIB) real y de mantener el área de bosque nativo. Este bono establece que si el país incumple los compromisos asumidos aumentará la tasa de interés que pagará a los inversores y si cumple, el cupón queda fijo, neutral (algo que ya habían hecho otros países); pero, la parte innovadora (y pionera) es que si sobrecumple esos objetivos, la tasa de interés que deberá pagar será menor (step down en la jerga financiera).

Este título de deuda está atado a dos indicadores: 1) reducir 50% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2025 (respecto a 1990, en dióxido de carbono por unidad de PIB real); 2) mantener el 100% del área de bosques nativos para 2025 (respecto a la que había en 2012).

Si Uruguay cumple las metas, la tasa de interés se mantiene. Si incumple, se agregan 15 puntos básicos por cada indicador incumplido. Si en vez de reducir 50%, reduce 52% el indicador 1 y aumenta 3% el indicador 2, se restan 15 puntos básicos por cada indicador “sobrecumplido”. La evaluación de estos indicadores se hará en octubre de 2027.

 

Fuente: El País