Uruguay se propuso ser políticamente estable, fiscalmente competitivo, desregulando el flujo de capitales y simplificando la operatoria corporativa porque comprendió que, de esta manera, las compañías multinacionales ofrecerán trabajo de calidad y elevarán, de esta manera, la calidad de vida de sus habitantes.
Tanto el interés como la capacidad de un Gobierno de comprender el funcionamiento del sistema legal-impositivo-financiero mundial es algo fundamental porque impacta positivamente en todos los aspectos. Uruguay comprendió ésta y otras cuestiones ligadas a la libertad de producción y esto se puede detectar en el dato concreto de que, a principios del siglo XX, ya había alcanzado altos niveles de bienestar similares a los principales países europeos.
Un siglo más tarde, en 2020, Uruguay registró el PBI per cápita más alto de Latinoamérica con casi u$s 16.000, seguido por Chile (u$s 13.000); un escalón más abajo, se encuentran Panamá y Costa Rica (u$s 12.000).
Mientras otros gobiernos obstruyen la libertad de mercado y ejercen una presión impositiva sin precedentes, Uruguay apuesta al modelo contrario con dos medidas cruciales:
- Rechazó una iniciativa de la oposición que pretendía gravar las inversiones financieras que los uruguayos poseen en el exterior.
- Está actualmente empeñado en lograr que sus títulos de deuda pública sean listados en los principales sistemas mundiales de compensación y liquidación de activos financieros como Euroclear y Clearstream, lo cual hará aún más apetecible para inversores de cualquier parte del mundo, invertir en Uruguay.
Todo es parte de una estrategia basada en atraer, seducir y facilitar el desembarco de empresas que generen nuevos puestos de trabajo, reactiven de esta manera la economía interna y fomenten mejoras en todos los niveles.
Fuente: Cronista
