En un evento de la consultora CPA Ferrere, se analizó las recientes medidas vinculadas a la residencia fiscal y las diferencias de tributación entre Uruguay y Argentina.
En Argentina hay unas 12.000 personas -sin contar el patrimonio empresarial- que tienen bienes personales por más de US$ 3 millones, según estimaciones a raíz del “impuesto a la riqueza” que quiere impulsar el gobierno por única vez -a una tasa entre 2% y 3,5%- para destinar a la emergencia sanitaria. Parte de ello está en bienes en el exterior. En 2017 el gobierno de Mauricio Macri impulsó un blanqueo de capitales que culminó con la declaración de US$ 93.400 millones de activos fuera del país.
Estos y quizás otros argentinos de menor patrimonio pero sí de alto poder adquisitivo, serían el público objetivo de recientes medidas del gobierno uruguayo, que sumaron nuevos criterios para acceder a la residencia fiscal: tener una inversión en inmuebles superior a 3,5 millones de Unidades Indexadas (UI) -US$ 370.000- posterior al 1º de julio y permanecer 60 días en el año civil; o tener participación en una empresa por un valor superior a 15 millones de UI -US$ 1,6 millones- y generar a partir de julio al menos 15 nuevos puestos de trabajo directos en relación de dependencia a tiempo completo.
Ayer la consultora CPA Ferrere analizó el tema en un evento virtual. La gerenta senior de Impuestos, Jimena Zeballos, presentó un ejemplo sobre la “diferencia relevante que hay entre nuestra tributación y la de Argentina”: un ciudadano del país vecino con inversiones por US$ 10 millones en Estados Unidos se ahorraría de pagar en impuestos US$ 225.000 al año (cómo mínimo).
¿Por qué? La contadora explicó que un argentino que logre la residencia fiscal uruguaya-junto a la obtención de la baja fiscal en su país de origen- “no va a pagar impuestos por las rentas que tenga en el exterior”, esto es en terceros países. Es así porque en primer lugar Uruguay no grava los rendimientos inmobiliarios o incrementos patrimoniales fuera del territorio, y aunque sí lo hace con los rendimientos mobiliarios en el exterior, rige una “vacación fiscal” para los extranjeros que se radiquen en el país.
Como Argentina “aplica la renta mundial a sus residentes fiscales, tributan Impuesto a las Ganancias por todas sus rentas, las locales y del exterior, a una tasa de hasta 35%”. Además, el país vecino tiene el Impuesto a los Bienes Personales, que tras la última modificación tributaria al inicio del mandato de Alberto Fernández grava con una tasa de 2,25% a los activos de los residentes en Argentina y el exterior.
“Todo esto es una diferencia relevante para muchos argentinos que nos están contactando”, dijo Zeballos. Semanas atrás, El País dio cuenta que profesionales que asesoran a clientes extranjeros observaron un aumento de las consultas de argentinos por inversiones en el rubro inmobiliario y agropecuario.
“El gobierno en un momento oportuno emite el decreto que flexibiliza las condiciones para que extranjeros puedan adquirir la residencia. No es una medida innovadora ya que recurre a una herramienta que existía, pero baja el volumen de la inversión requerida de manera que sea más fácil (obtener la residencia fiscal). Además, hay un compromiso para agilizar los plazos de obtención de la residencia legal, en una búsqueda de incentivos para que extranjeros se instalen con su familia e inviertan”, expresó la gerenta senior de CPA.
Por su parte, Alejandro Vallejo, gerente del área de Impuestos de CPA, se refirió a las “opciones” que se abren para el extranjero que adquiera la residencia en Uruguay mediante un proyecto de ley enviado al Parlamento, que amplía la llamada “vacación fiscal”.
Hoy día rige una exoneración para el pago de las rentas mobiliarias en el exterior de cinco años y el gobierno plantea ampliarlo a 10 años. En agregado, el extranjero podrá elegir en lugar de esa exoneración “tributar a una tasa del 7% (en vez del 12% que regiría desde el onceavo año) sin límite de tiempo, es decir por el resto de su vida”.
Además, el proyecto habilita a “extender el plazo” de la vacación fiscal a aquellos residentes que usaron el beneficio de cinco años en el pasado.
Por otra parte, Vallejo al igual que diversos especialistas locales y de Argentina que consultó El País en el último tiempo, subrayó que “la planificación” de la mudanza a Uruguay “no tiene sentido y puede terminar siendo más grave” en términos tributarios si no se logra la baja fiscal del país de origen. Este paso “está atado a (perder) la residencia legal”, por lo que los argentinos interesados deben hacer “un traslado real de sus actividades”.
Eso mismo controla la AFIP argentina y en ese sentido aconsejó: “puedo tener una casa en Argentina pero alquilada, no disponible; también mirarán donde reside mi familia, si sigo siendo socio de algún club deportivo en Argentina, si tengo un auto o tarjetas de crédito”.
Nota original: El País
